Raael Correa se equivoca cuando pretende equiparar lobbying con tráfico de influencias.
Ayer en su enlace hizo esa ecuación y desarrolló toda una serie de argumentos que simplemente parten de premisas incorrectas, por un lado, y tienen algo de tendencioso, por el otro. Como el debate nacional està tan escaldado que todo aquel que critica algo del gobierno es un opositor, me tomo mi tiempito para poner los puntos sobre las íes.
Primero, el lobbying cuya legalidad en Estados Unidos, Europa -y dicho sea de paso buena parte del mundo- Correa critica, es una actividad que alcanzó ese estatus como consecuencia de decisiones sobre eficiencia normativa en las que participaron, sobre todo, quienes Correa aduce que son los perjudicados del lobbying. En los años 70 se produjo en Estados Unidos un movimiento denominado Sunshine que presionó fuertemente porque se incremente la transparencia de lo que sucede en Washington, como por ejemplo quienes proponen, promueven, reforman o promulgan normas. Ese movimiento ha sido impulsado desde entonces por la izquierda de ese país y hoy se beneficia de cientos de tera bytes de información pública sobre la trayectoria, las cuentas bancarias, los contactos y los votos de cada político. Asimismo, sobre quienes los financian y que cambios normaticos coinciden con giros en sus chequeras. Si ese movimiento, que estuvo detràs de la legalización del lobbying en ese país, creyera que lobbying y tráfico de influencia es lo mismo, simplemente hubiera buscado más penalización. Hoy depende de los ciudadanos censurar a políticos cuyos manejos chuecos se saben en la gran mayorìa de los casos en el mismo año en que suceden debido al cruce de registros públicos. En Poderes.com.ec, grupo en cuyo Consejo tengo un espacio, he sido testigo de como la información pública es molestamente celada en nuestro país, a pesar de grandilocuentes afirmaciones en sentido contrario. ¿No es la ciudadanía la que debería tener el poder en las democracias? Creo que empezar por equiparar la balanza de información es un gran primer paso para el efecto.
Por otro lado, es claro que el tráfico de influencias es un delito y esa diferencia es válida. La regulación de las actividiades de cabildeo o lobbying en una serie de países desde los años noventa integra justamente en la formalidad la mayor parte (posible en un momento dado) de las actividades de interacción e incidencia entre los intereses privados y el sector público. Pero no todas. Al regular actividades las legaliza, cosa que de plano se distingue de cometer un delito. El delito, para el que tan acertada es la palabra tráfico, dicho sea de paso, en Ecuador, como en cualquier parte, sigue consistiendo en pagar favores de las autoridades: decisiones pagadas. Para eso se requiere una relación causal dinero-decisión. ¿Acaso porque está legalizado el lobbying en otros lados ya no existe el delito de tráfico de influencias? Nada mas falso. Lo que si sucede es que con más información pública disponible y más atención ciudadana, esa relación causal se vislumbra. Casos como Abrahamoff son ejemplos clásicos sobre como la mismísima legalización del lobbying marcó el terreno, o lo minó exigiendo información de cada movimiento de los funcionarios públicos y de quienes se pretenden lobistas, facilitando la persecución de quienes se salen de los parametros de lo legal pagando favores.
El Lobbying Disclosure Act de 1992 establece la obligatoriedad de que quienes ofrezcan servicios de brokering con autoridades reporten periódicamente cuanto y a quièn cobran y que reuniones sostienen, en nombre de que clientes. Por ahí algo más, pero esas dos cosas son las básicas de la Ley. Es obvio que esta Ley no impide que siga fluyendo dinero clandestino, lamentablemente, así como sucede en otros lugares, pero eso es informalidad y la informalidad sucede en todos lados y mucho más, particularmente, donde se vira la cara y se pretende invisibilizar prácticas que existen en la realidad. Me preocupa que a Rafael Correa lo estén documentando de esa forma por las implicaciones que ello tiene.
Es tendenciosa la argumentación del Presidente, por último, por tres motivos. Primero, la Constitución de Montecristi es con creces específica respecto a los derechos de participación y de petición de organizaciones e individuos ante autoridades. Si se hace uso de esos artículos no puede haber tráfico pero, en cambio, no hay tampoco lobbying? Segundo, porque el Presidente bien sabe que todos los días sus políticas son cabildeadas directa o indirectamente y que si bien es cierto los grupos económicos más poderosos deberían tener una ventaja sobre los que no pueden pagar tanto cabildeo, no es menos cierto que el poder que el ha alcanzado no se basó en una chequera sino en talento político. La misma afirmación sobre el acceso a cabildeo es aplicable al acceso electoral al poder, y nunca dejan de aparecer los outsiders que logran mayor poder y legitimidad que los poderosos intereses establecidos. Por último, es tendenciosa porque el Presidente sabe que Ecuador ha contratado cabildeo bajo sus directrices, en Estados Unidos y en Europa, a tarifas nada negligibles, con los lobistas de lo más reputados -DLA Piper, etc.-, haciendo registros públicos y cumpliendo con las normas en esos países...
