Defraudación fiscal es el delito que para el presidente le calza a Mosquera, si es que recibir un millón de la “offshore” y cuenta secreta de Odebrecht fuere delito. Si no es cohecho, tráfico de influencia, ni otra de esas conductas que la gente identifica corruptas, el correísmo se mantiene libre de vinculación formal con el caso de la empresa brasileña.
Gracias a Dios estás vivo, le dicen al paciente que acaba de tener un accidente cuasimortal, connotando ese desenlace positivamente en comparación con la posibilidad de perder la vida. El presidente habló de varias conductas delictivas, relativizando y connotando implícitamente la una versus las otras.
Aunque se haga sutilmente y con el talento político que tiene el presidente, relativizar un delito al ponderarlo junto a otros equivale a hacer un juicio y corresponde en teoría al sistema judicial, a la hora de tramitar acusaciones y de imponer penas.
Todos los que leen estas líneas saben lo que significa la relativización del tipo penal, así como también que los jueces leen columnas de opinión.
Relativizo los hechos y los pongo en perspectiva. Con baños de transparencia y cambios legislativos como los que se vienen en todo el mundo, hubiera sido de esperar que la apología que hace el presidente de la ética revolucionaria sea complementada con algunas recomendaciones para el futuro.
Haría bien la Asamblea en aprovechar el trámite del Código Administrativo para introducir las reglas que otros países han incorporado en sus legislaciones para prevenir, identificar y sancionar mejor la corrupción. Una de esas, que ya en su momento un extitular del SRI de este gobierno amenazó con impulsar, supone que los funcionarios públicos no pueden haber atendido intereses privados en asuntos públicos varios años antes de entrar a la función pública, ni varios después. Lo contrario se conoce como “puerta giratoria” en el argot de la industria de la influencia.
El desafío es que impulsar una legislación así de revolucionaria coincida con las prioridades del momento.
