Expropiaciones

La Asamblea cambió en 2013 el procedimiento con el que los jueces deben zanjar juicios de precios en expropiaciones. Antes de eso, la ley permitía que un ciudadano reclame su discrepancia con lo que la autoridad expropiante ofrecía pagarle. El juez veía el caso y, aunque podía equivocarse, ejercía su juicio para responder la pretensión del reclamante. Las discrepancias se producían siempre entre el monto del avalúo oficial (más un pequeño margen de negociación) que la autoridad ofrecía pagar y la valoración que hacía el expropiado de su predio en el mercado real.

La ley reformada dispone al juez que para fallar no pondere, no razone, no decida; su sentencia solo puede ceñirse al avalúo municipal. ¿Para qué iniciar entonces un juicio si de antemano se sabe que el juez no podrá juzgar el acto de autoridad cuyas falencias motivan que se recurra a él?.

Es cierto que los legisladores no quitaron de la ley el derecho del ciudadano perjudicado para reclamar. Pero no es menos cierto que incluyeron una garantía mayor para el Estado. Que en el pasado ciertos jueces hayan fallado desproporcionadamente a favor de algún privilegiado justifica correctivos. Pero no justifica vaciar de todo sentido un derecho ciudadano.

Aunque parece que el tema importa a pocos, todos los años cientos de pequeños propietarios son expropiados por el Estado en condiciones que impactan el futuro de patrimonios y la calidad de vida de igual número de hogares. Estudios dicen que los avalúos municipales están 40 % por debajo del valor comercial real de los predios, en promedio, a nivel nacional. Y que esa desviación es sobretodo manifiesta en tierras rurales, donde han solido presentarse las mayores expropiaciones.

Pregunto retóricamente: ¿si la reforma de 2013 mermó en 40 % de sus activos a los expropiados desde entonces, tiene sentido en este debate la pregunta de si el Estado se ahorró esa plata?

A cada quien su prisma. Lo cierto es que la Asamblea está tratando nuevamente ese artículo y esa ley, para hacer unos ajustes que han denominado de racionalización y de homologación