La Asamblea cambió en 2013 el procedimiento con el que los jueces deben zanjar juicios de precios en expropiaciones. Antes de eso, la ley permitía que un ciudadano reclame su discrepancia con lo que la autoridad expropiante ofrecía pagarle. El juez veía el caso y, aunque podía equivocarse, ejercía su juicio para responder la pretensión del reclamante. Las discrepancias se producían siempre entre el monto del avalúo oficial (más un pequeño margen de negociación) que la autoridad ofrecía pagar y la valoración que hacía el expropiado de su predio en el mercado real.
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sábado, 19 de noviembre de 2016
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