martes, 16 de agosto de 2016

Costosos arreglos

3.000 millones de dólares dijo el presidente que costaría para Ecuador el terremoto cuando hizo un primer balance. 10.000 millones fue la estimación inicial de Volkswagen sobre lo que costaría resarcirse ante la fe pública luego de trucar sus motores. No ha dicho aún el alcalde Rodas cuánto le costará a los quiteños resolver las minicrisis de Quitocables y de la solución vial Guayasamín.

Contar con protocolos de crisis y seguros es la forma más razonable de enfrentar contingencias. Pero no es igual asegurar ante siniestros un edificio o una planta, que hacer lo propio con un proyecto, un recurso natural, una marca, ni se diga con la fe pública.

¿Qué tan fácil es valorar el costo ambiental de un derrame? ¿Cómo se cuantifica el daño a la salud de una comunidad, el efecto psicológico de un desastre y cómo se lo pondera entre los más y los menos afectados? ¿Cómo se valora la credibilidad? O ¿cómo se negocian las cosas más difíciles de valorar cuando se presenta una crisis?

Ante exigencias complejas y altamente subjetivas, los interesados se apresuran a posicionar una cifra del costo estimado de resarcir, compensar o de recuperarse de una crisis. Así lo hicieron el presidente Correa, Volkswagen, Odebrecht y otros cientos. Es seguro que esas cifras fueron sobredimensionadas, para arriba o para abajo, según los casos. A falta de referencias objetivas, quien mejor sustenta su cifra crea un punto de referencia para todas las negociaciones ulteriores. Y esto a pesar de que legisladores y jueces andan buscando criterios objetivos, algunos de los cuales en nuestro país vendrán en el nuevo Código de Ambiente.

Lo que se ve poco son esfuerzos para no llegar a ese costoso y atribulado regateo. Prevenir y administrar las crisis y los desastres de manera inteligente parte de verlas como inevitables e incluso como oportunidades: que su efecto sea lo más cercano a una consecuencia normal de la operación.

Es mejor disponer de planes y marcos de negociación asistida, como los que han permitido a empresas y gobiernos de avanzada administrar el costo del conflicto, de la polémica, del oportunismo y de la arbitrariedad.

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