Tráfico de influencia II

Ahora que está de moda el tráfico de influencia, vale preguntarse qué mismo es y cómo funciona. El primer término está claro: tráfico es una transacción ilegal. ¿Pero ¿qué es la influencia? Por ignorarlo podemos estar contribuyendo a desdibujar la diferencia entre personas influyentes y los que son solo traficantes.

Organizaciones de todo tipo buscan incrementar su influencia para apuntalar sus iniciativas. La influencia bien entendida da lugar a un legítimo servicio. Influir positivamente (como le llamaba Carnegie) en las decisiones de consumidores, competidores, electores o autoridades es un imperativo para cualquiera que lidera proyectos que buscan ser exitosos. Influir significa producir decisiones, lograr adhesión a un curso de acción deseado.

Tener plata no es lo mismo que tener influencia, como nos mostraron Alvarito y Correa en 2007. La plata es funcional pero no sustancial para el influyente. Aunque suena a mafia, fueron respetables economistas los que sugirieron medir la influencia de alguien por su capacidad para ayudar o dañar a otros. Bajo esa interpretación, son influyentes quienes manejan presupuestos de compras en empresas y gobierno, pues deciden sobre el éxito o fracaso de proveedores. Esa mal entendida influencia es de mecha corta y termina mal, como lo vemos en la FIFA, entre nuestros gobiernos e incluso en empresas privadas.

Los más nuevos descubrimientos relacionan a la influencia con la orientación. En MIT, Alex Pentland usa dispositivos tecnológicos para entender el funcionamiento de las redes entre humanos y entre organizaciones, y mide con exactitud esa relación. Las personas influyentes son las que son capaces de orientar sus redes sociales: las orientan con su conversación, con su gesticulación, con sus ideas y proyectos; las orientan y conducen hacia determinados objetivos.

Por eso sugiero desconfiar la próxima vez que alguien ofrezca su influencia para orientar solo dólares ajenos, por más que sean billones. Quien lea esta nota sabrá que muy probablemente no le están vendiendo influencia. Si paga, ya sabe lo que está recibiendo.

Pague 12 lleve 2

El mes pasado no fue tan malo para algunos negocios, comparado con la triste racha de los meses anteriores. Muchos clientes buscamos ahorrar el incremento del IVA que entró en vigencia desde el primero de junio.

Cuando compramos en mayo lo que podíamos comprar después e identificamos como pérdida o ganancia unos dolaritos, estamos haciendo cuentas mentales. Al ser cientos de esas operaciones las que hacemos diariamente, nos creemos duchos, pero la evidencia nos dice lo contrario.

A todos nos duele más gastar 10 dólares ganados con nuestro trabajo que el mismo billete cuando aparece en el bolsillo del pantalón. Sin importar de dónde provienen, contablemente son 10 dólares, por lo que asignarles usos diferentes no tiene nada de racional. Tampoco lo tiene que estemos dispuestos a pagar más cara la misma radio o alfombra si estamos comprándola junto a un carro o a una casa, respectivamente, que por separado. Aunque creemos que tomamos decisiones racionales, décadas de experimentos y varios Premios Nobel mediando, sabemos hoy que no siempre es así.

Enhorabuena dentro de nuestra irracionalidad también hay certezas: una importante es que aborrecemos perder un dólar más de lo que disfrutamos ganarlo. Otra, que nuestra mente procesa incrementos o decrementos sobre un valor de referencia, prefiriendo cálculos relativos que absolutos.

Como el SRI afirma que en mayo recaudó bastante más por IVA que en los meses anteriores, recordé estas reglas que cualquier atento lector sabrá aprovechar en sus negociaciones, tanto como lo ha hecho el Gobierno al diseñar e impulsar la ley.

Todos quienes decidimos “ahorrar” dos puntos de IVA contabilizamos mentalmente una eventual pérdida y comparamos un estado futuro con el estado actual. Pagamos doce puntos por ahorrar dos, en un momento de escasa liquidez, por ponerlo de alguna forma.

Podemos evaluar juntos si el Estado, las empresas o los ciudadanos hicieron el mejor negocio. En un año, cuando se supone que se revertirán los dos puntos adicionales del IVA, veremos si estamos más afinados con nuestras cuentas mentales.

Quien cabecea

El anunciado reenvío de la Ley de Herencia y Plusvalía es un centro a la oposición. Ignoro si es a propósito, como desconozco también si Rafael Correa conversó con algún político dispuesto a cabecear ese centro. Lo que sí es claro es que el anuncio no luce como un centro para sus propios candidatos.

Sabemos que en 2015 ese mismo anuncio tuvo un severo efecto en la economía. Repetir la jugada difícilmente producirá un resultado distinto en 2016. El presidente debe estar consciente de que su anuncio no revertirá la tendencia de desaceleración de la economía. Y, como lo saben los políticos, el estado de la economía tiene un enorme efecto sobre las preferencias electorales.

En Political Control of the Economy, Edward Tufte registra y analiza datos de decenas de elecciones y concluye que los candidatos gobernantes y sus partidos solo ganan reelecciones cuando en el periodo preelectoral y electoral logran incrementar el ingreso disponible de los hogares.

Aunque no hay estudios sobre esto, la evidencia parecería mostrar que el Gobierno logró poner recursos en los bolsillos de los votantes en los últimos años, apuntalando así sus recurrentes éxitos electorales.

Pero en este año y el siguiente será difícil para el Gobierno repetir la hazaña. Como el anuncio de reenvío de la ley no va a enderezar la tendencia económica, es posible especular sobre las dificultades que enfrentará él régimen para preparar a sus electores con buenas noticias económicas. De allí que no es descabellado ver a la ley como un autogol para Alianza País y un centro para la oposición. Habrá que esperar para saber quién se anima y corre a buscar el centro, o si el tema ya está hablado con alguien.

Hecho el argumento electoral, atraigo la atención sobre un simpático detalle que se le está pasando por alto a los observadores políticos. Es como si nadie hubiese notado que con el anuncio del presidente desaparecieron del debate público, de las mesas editoriales y de las mesas de chisme, los temas de corrupción que tanta viada venían agarrando desde la filtración de los ‘Panama Papers’.

Tráfico de influencia

Me tocó sentarme, hace poco tiempo, junto a un funcionario de gobierno en un vuelo entre Quito y Guayaquil.

A propósito de la reciente acusación por tráfico de influencia contra un exgerente de Petroecuador, recordé esa conversación en la que me quisieron convencer de que “lobbying” y tráfico de influencias son lo mismo.

Estudié y trabajé en Bruselas, donde convergen y son representados ante las instituciones europeas, de manera profesional, los intereses de sindicatos, organizaciones no gubernamentales, empresas, gremios, regiones y Estados varios. Por eso, cuando escuché al funcionario gobiernista declarar que el representar legítimos intereses ante las autoridades constituye tráfico de influencias, casi me caigo como Condorito.

Porque lo sé de primera mano, traté de explicarle la diferencia que existe entre una y otra cosa. Pero cada ladrón juzga por su condición.

Ante cualquier institución pública del mundo, los ciudadanos, ya sea solos o agrupados, tienen derecho a peticionar a las autoridades y a recibir respuestas motivadas.

Nuestras Constitución y legislación dan luces sobre estas cosas, bastante en fase con legislaciones foráneas, incluso con aquellas que han normado específicamente el “lobbying”.

Porque tenemos derechos como los de petición o de participación ciudadana, el “lobbying” bien hecho es legal. Se distingue del tráfico de influencias y se distancia del cohecho, de la concusión o del peculado, que son algunos de los “tipos” de servicio que los oportunistas ofrecen a algunos cándidos clientes.

Contar lo que dicen las leyes de otros lados para distinguir al cabildero formal del oportunista, o describir las metodologías del especialista y su diferencia con el proceder del primo, del ñaño, del estudio jurídico de moda, o del mismo político, queda para otra nota.

Pero es claro que confundir lo legal con lo ilegal, o lo legítimo con lo ilegítimo, solo sirve para la proliferación de oportunistas.

Declarar residencia

Viví en Bruselas, capital de Bélgica y de la Unión Europea, durante casi seis años. Cuando llegué tuve que acercarme a la Casa Comunal -una especie de municipio de cercanía dentro de la complejísima configuración político-administrativa belga-, para registrarme como nuevo residente. Debí luego regresar anualmente. Mis compañeros universitarios belgas tenían también que registrar cada mudanza, por motivos administrativos tan amplios como incógnitos, poniéndolos en esto sobre un pie de igualdad con los extranjeros.

Hace pocos días y de este lado del charco, varios políticos viralizaron sus aprehensiones sobre el registro de residencia introducido por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, aprobada el jueves en la Asamblea (Reformatoria Tercera). Nadie anotó que hoy en día ya se declara en Ecuador residencia para la cédula, para la licencia, para el padrón electoral y para un sinnúmero de motivos públicos y privados adicionales.

Me revelo como puedo contra toda forma de comprometer mis datos personales, pero reconozco también que algunas de estas cosas están dispuestas por leyes vigentes por años y que la tendencia global es que gobierno y empresa compitan en el esfuerzo por capturar cada vez más información de las personas.

En todas partes, activistas políticos confrontan posiciones sobre la privacidad o publicidad que debe caracterizar a la información personal. En nuestro país, el Gobierno de la revolución ciudadana ha propiciado sistemas de captura, manejo de información y planificación centralizada.

Me abstraigo de discutir aquí los fines políticos: la experiencia muestra que entre medios y fines se despliega un enorme territorio lleno de obstáculos, riesgos y definiciones.

Para sorpresa mía y de quienes lleguen conmigo a esta parte de la reflexión, a juzgar por los eventos terroristas de los últimos meses, en la búsqueda de equidad y paz social, a Bélgica no le sirvió de nada la obligación de registro centralizado de sus nacionales y extranjeros.

Vía http://expreso.ec/opinion/columnas/declarar-residencia-LX330629