Hace pocos días y de este lado del charco, varios políticos viralizaron sus aprehensiones sobre el registro de residencia introducido por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, aprobada el jueves en la Asamblea (Reformatoria Tercera). Nadie anotó que hoy en día ya se declara en Ecuador residencia para la cédula, para la licencia, para el padrón electoral y para un sinnúmero de motivos públicos y privados adicionales.
Me revelo como puedo contra toda forma de comprometer mis datos personales, pero reconozco también que algunas de estas cosas están dispuestas por leyes vigentes por años y que la tendencia global es que gobierno y empresa compitan en el esfuerzo por capturar cada vez más información de las personas.
En todas partes, activistas políticos confrontan posiciones sobre la privacidad o publicidad que debe caracterizar a la información personal. En nuestro país, el Gobierno de la revolución ciudadana ha propiciado sistemas de captura, manejo de información y planificación centralizada.
Me abstraigo de discutir aquí los fines políticos: la experiencia muestra que entre medios y fines se despliega un enorme territorio lleno de obstáculos, riesgos y definiciones.
Para sorpresa mía y de quienes lleguen conmigo a esta parte de la reflexión, a juzgar por los eventos terroristas de los últimos meses, en la búsqueda de equidad y paz social, a Bélgica no le sirvió de nada la obligación de registro centralizado de sus nacionales y extranjeros.
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