Los proyectos de ley económicos urgentes son un caballo de Troya. Sin recurso a esa modalidad de trámite legislativo y a otro par de estratagemas, hoy no serían ley muchas cosas que lo son.
Con la presentación el lunes del denominado Proyecto de Ley de Incentivos Tributarios vamos al tercer trámite económico urgente del año. Bajo ese mismo régimen se aprobaron dos leyes en 2015 y tres en 2014. Antes de 2014 otras tantas. Si lo vemos como indicador, un promedio grueso nos dice que vivimos desde hace casi una década bajo urgencias económicas.
El corto plazo, propio del trámite económico urgente, limita oportunidades de debate público, favoreciendo el factor sorpresa. A lo largo de un mesesito debe reunirse el Consejo Legislativo y calificar el proyecto, remitirlo a una comisión, reunirse la comisión y armar un informe para debate en el pleno, luego de lo cual regresa lo debatido a la comisión, se adecúa allí para un segundo y último debate plenario, antes de irse en busca del veto presidencial.
En los proyectos económicos urgentes se han incorporado también propuestas de legisladores gobiernistas, adornando el texto original con funcionales y oportunas ideas de última hora. Así entró en vigencia la obligación de que los abogados reporten los vehículos “offshore” que estructuran o administran para sus clientes (2016), se amplió el ICE a todas las bebidas azucaradas (2016), se quitó la exoneración de IVA para Asociaciones Público Privadas (2015), entre algunas cositas más.
En ciertos casos fueron también suspendidas las sesiones de segundo y último debate para realizar cambios de última hora, remitir por correo a los legisladores una nueva versión y pasar de inmediato a votación -todo en escasos minutos-.
Tramitar tantas leyes como económicas urgentes, agregar una u otra cosita durante el mes del atribulado plazo de trámite, o modificar un proyecto durante el segundo debate y a minutos de la votación, hacen que estos caballitos de Troya sean el vehículo perfecto para las sorpresas políticas
