Tanto la legislación ecuatoriana como el sistema de gestión a cargo del Ministerio de Ambiente y de las entidades descentralizadas, le deben unas cuantas partidas a la ciudadanía. Los ambientalistas y los consultores asociados se vanaglorian del rol del ambiente en la sostenibilidad y en la reproducción social. Sin embargo, casos como "El gasoducto, una obra estratégica", son la evidencia que desde el punto de vista de la legitimidad y operatividad las normas y la institucionalidad no funcionan.
El sistema actual, a imagen del sistema judicial, está diseñado para los proveedores de servicios y no lo está ni para la ciudadanía ni para los impulsadores de aquellos proyectos que deben ser avalados ambientalmente.
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