La sabiduría popular dice a la vez que "al que madruga Dios lo ayuda" y que "no por mucho madrugar amanece mas temprano". Y la vida de nuestra gente está llena de contradicciones como esa.
En septiembre del año pasado el legislativo ecuatoriano aprobó como si no hiciera nada, en una Ley reformatoria a la Ley de Contratación Pública ( Art. 16 de la Ley. s/n, R.O. 100-2S, 14-X-2013), una disposición que vacía de todo sentido y utilidad los juicios de precio en procesos de expropiación liderados por el estado.
Aunque el tema parezca elitista y que importa a pocos, no lo es. Me constan miles de juicios de expropiación a pequeños propietarios liderados por el estado en las últimas décadas, cuyo perjuicio es billonario para la economía privada cuando no se han reconocido valores de mercado.
Como si no estuviera haciendo nada -insisto-, la Asamblea hizo magia legislativa: se abstuvo de eliminar el procedimiento judicial cuando existieren divergencias en la valoración de predios objeto de expropiación, pero no sin trampita. Lo que hicieron los congresistas fue mantener el procedimiento judicial, sin cambios en la forma, pero disponiendo al juez que cuando deba fallar en una causa de este tipo se ciña impajaritablemente al avalúo municipal vigente.
El juicio de este tipo normalmente sucede cuando la entidad expropiante y el expropiado no se han puesto de acuerdo en un monto, que parte del avalúo vigente y puede llegar a ser hasta ligeramente mayor. Hasta ahí hablzmos de negociación y si no sucede el acuerdo, el expropiado puede decidir demandar al estado para reclamar un precio más justo, en su opinión.
Como es evidente, a partir de la nueva norma, decirle al ciudadano que diverja con el estado en la valoración de un bien que este le está por expropiar, que tiene derecho a iniciar un juicio de precios, pero que en el juicio no se le reconocerá ni un medio más que el monto en que se basa la divergencia inicial, es...por decir lo menos...contradictorio.
